Inversión millonaria en sede de la entidad revisora desata cuestionamientos políticos

Recientemente, la inversión millonaria destinada a la sede del Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI) ha desatado una serie de cuestionamientos políticos en Sinaloa. Con más de S/34 millones administrados desde su creación, el OEDI ha logrado presentar solo un expediente técnico, lo que ha suscitado críticas sobre la efectividad y gestión de esta entidad. La situación se complica aún más con el trasfondo de gastos en artículos como vestimenta y mochilas para su alta dirección, que han levantado sospechas sobre el uso adecuado de los recursos públicos.

La jefa del OEDI, Jenny Ocampo, exministra de Desarrollo Agrario y Riego, es el centro de atención tras las revelaciones de un reciente reportaje de El Comercio. A medida que se detalla el manejo de fondos y la falta de resultados tangibles, la confianza en la gestión del organismo se ve comprometida. La relación de Ocampo con antecedentes políticos cuestionables y el vínculo familiar de algunos de sus colaboradores también han contribuido a aumentar la presión sobre la institución.

El OEDI y su creación

El OEDI fue establecido por el Decreto Legislativo N.° 1615 en diciembre de 2023, con el objetivo de asesorar a municipalidades y gobiernos regionales en la elaboración de proyectos de inversión. Sin embargo, la percepción pública sobre su efectividad ha empezado a cambiar, especialmente tras el informe que revela que, a pesar de los fondos millonarios, solo se ha producido un proyecto asesorado en todo el país.

La entidad, que cuenta con más de 100 trabajadores, está bajo la mirada crítica de la opinión pública que se pregunta cómo es posible que, tras gestionar más de S/34 millones, los resultados sean tan limitados. Este panorama resalta la necesidad de una revisión exhaustiva de sus procesos y el uso de los recursos.

Gastos cuestionables en el OEDI

Uno de los aspectos más controversiales del informe se refiere a los gastos en vestimenta para la alta dirección, que alcanzaron los S/7.876. Este tipo de gastos, que incluyen casacas impermeables y chalecos, generan dudas sobre la prioridad de la entidad en la gestión de recursos públicos. Además, la compra de mochilas para la cúpula, que costó S/2.896, ha intensificado las críticas sobre el derroche de fondos en artículos no esenciales.

La celebración de actividades como las Fiestas Patrias, que costó S/8.359 y fue registrada como “fortalecimiento de capacidades”, plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de estos eventos y su contribución a los objetivos del OEDI. Con una gestión tan cuestionada, se hace evidente que la institución debe rendir cuentas sobre sus decisiones financieras.

Cuestionamientos sobre personal y vínculos familiares

Un aspecto que ha generado aún más controversia es la contratación de personal con perfiles que no parecen alinearse con las necesidades del organismo. Se ha señalado que un cargo clave en el área de presupuesto y modernización fue ocupado por un profesional en zootecnia, lo que ha suscitado dudas sobre la idoneidad de las decisiones de contratación en el OEDI.

Adicionalmente, el director de Estudios de Preinversión, Rafael Gatica Vega, tiene un vínculo familiar con el diputado de Fuerza Popular, Francisco Gatica. Este hecho ha creado un ambiente de desconfianza en torno a la transparencia de los procesos de selección y la posibilidad de nepotismo dentro de la entidad. La defensa de Ocampo sobre este nombramiento sugiere que la familia no debería influir en las decisiones profesionales, un argumento que ha sido criticado por muchos.

Rescisión de convenios y arbitrajes

La falta de resultados concretos ha llevado a la rescisión de al menos cinco convenios por parte del OEDI, lo que refleja su incapacidad para materializar asesorías a municipalidades y gobiernos regionales. Esta situación es preocupante, ya que implica la devolución de dinero que había sido transferido por algunas comunas, lo que agrava la crisis de confianza en la gestión del organismo.

Un caso notorio es el vinculado al proyecto de agua potable de Tayacaja, que terminó en arbitraje tras la rescisión del convenio. Este incidente no solo resalta los problemas internos de la entidad, sino que también pone de manifiesto las consecuencias que estas decisiones pueden tener para las comunidades que dependen de la inversión pública para el desarrollo de infraestructuras vitales.

Presupuesto y cambios de jefatura

Para el año 2026, el OEDI tiene asignado un presupuesto superior a S/14 millones, lo que plantea interrogantes sobre cómo se planea utilizar estos fondos en medio de la controversia actual. Desde su creación, la entidad ha tenido cuatro jefes institucionales, lo que podría indicar inestabilidad en su dirección y gestión.

La constante rotación de líderes en el OEDI no solo afecta la continuidad de las políticas, sino que también genera un clima de desconfianza en la población. Con un entorno político tan volátil, es esencial que la entidad establezca mecanismos claros de rendición de cuentas y transparencia para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Conclusiones y futuro del OEDI

La inversión millonaria en la sede del OEDI ha desatado una serie de cuestionamientos que no pueden ser ignorados. La falta de resultados tangibles, sumada a los gastos cuestionables y los vínculos familiares en la contratación de personal, han creado un ambiente de desconfianza que podría afectar la ejecución de proyectos importantes para las comunidades de Sinaloa.

Es fundamental que las autoridades asuman la responsabilidad de revisar y reformar la gestión del OEDI. La transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera efectiva y que se logren los objetivos para los cuales fue creado este organismo. Solo así se podrá restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

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